La bancarrota hídrica:
una crisis de gobernanza

Resumen

La Universidad de las Naciones Unidas ha advertido recientemente que el mundo está entrando en una etapa de “bancarrota hídrica”, entendida como la pérdida progresiva del capital natural asociado con el agua debido a su extracción y degradación por encima de los límites de renovación. Este concepto ofrece una perspectiva útil para analizar la situación de México, donde la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua, la creciente vulnerabilidad frente al cambio climático y las limitaciones institucionales representan señales de alerta cada vez más evidentes. Sin embargo, más allá de la disponibilidad física del recurso, la experiencia muestra que muchos de los problemas hídricos tienen su origen en deficiencias de gobernanza. El presente artículo analiza el concepto de bancarrota hídrica, examina algunos de sus síntomas en México y plantea que el fortalecimiento de la gobernanza constituye uno de los principales instrumentos para evitar que la actual crisis evolucione hacia escenarios irreversibles. Asimismo, presenta la experiencia del proyecto Aguas Firmes como un ejemplo de construcción de capacidades institucionales para la gestión sustentable de acuíferos.

Bancarrota hídrica: una nueva forma de entender la crisis del agua

Durante décadas, el debate sobre el agua se ha construido alrededor de conceptos como escasez, estrés hídrico o crisis del agua. Estos términos han permitido describir fenómenos cada vez más frecuentes: sequías prolongadas, acuíferos sobreexplotados, contaminación de cuerpos de agua, conflictos entre usuarios y dificultades para garantizar el abastecimiento de las ciudades. Sin embargo, un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas propone una visión más profunda y preocupante: el mundo está entrando en una era de bancarrota hídrica.

La analogía proviene del ámbito financiero. Una persona o una empresa entran en bancarrota cuando consumen durante demasiado tiempo más recursos de los que generan y terminan agotando sus reservas. Algo similar ocurre cuando una sociedad utiliza no solo el agua que se renueva naturalmente cada año, sino también las reservas acumuladas durante siglos o milenios en acuíferos, lagos, humedales y ecosistemas estratégicos.

La diferencia entre una crisis y una bancarrota es fundamental. Una crisis puede ser temporal y reversible. La bancarrota implica la pérdida parcial o total del capital original. Cuando desaparecen manantiales, se degradan humedales, se reducen de forma permanente los niveles freáticos o se generan hundimientos del terreno por la sobreexplotación de acuíferos, estamos frente a daños cuya recuperación puede requerir décadas o incluso resultar imposible.

La Universidad de las Naciones Unidas define la bancarrota hídrica como la extracción persistente y excesiva de aguas superficiales y subterráneas por encima de niveles renovables y seguros, acompañada por la degradación del capital natural asociado con el agua. Esta definición resulta de especial relevancia pues obliga a mirar más allá de la disponibilidad física del recurso, e incorporar dimensiones económicas, sociales e institucionales.

México ofrece un caso ilustrativo. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce que el país dispone de aproximadamente 471 mil millones de metros cúbicos de agua renovable al año, pero también señala que la distribución territorial del recurso es de una profunda desigualdad. Mientras que gran parte de la población y la actividad económica se concentra en el centro y norte del país, la mayor disponibilidad natural de agua se localiza en el sur y sureste. Esta asimetría ha generado presiones crecientes sobre cuencas y acuíferos estratégicos.

Sin embargo, la pregunta central no debería ser cuánta agua tiene México, sino si contamos con las instituciones y los mecanismos necesarios para administrarla de manera sostenible. En otras palabras, si tenemos la capacidad de gestionar el agua para garantizar el desarrollo presente y futuro de nuestro país y nuestra gente.

¿Bancarrota hídrica en México?

La bancarrota hídrica no ocurre de manera repentina. Al igual que una crisis financiera, primero aparecen señales de advertencia que suelen acumularse durante años.

Una de las primeras es la sobreexplotación de los acuíferos. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 señala que, de los 653 acuíferos del país, 286 ya no cuentan con disponibilidad de agua subterránea, es decir, cerca de la mitad de los sistemas acuíferos mexicanos. Las consecuencias son ampliamente conocidas: abatimiento de niveles freáticos, desaparición de manantiales, deterioro de la calidad del agua, incremento en los costos de bombeo y subsidencia del terreno.

Otra señal es la contaminación. La Red Nacional de Medición de Calidad del Agua reporta que más de la mitad de los sitios monitoreados presentan algún grado de deterioro. Cada cuerpo de agua contaminado representa una disminución efectiva de la disponibilidad del recurso y un aumento en los costos necesarios para su aprovechamiento.

Esto se agrava debido a la creciente vulnerabilidad climática. Durante los últimos años, México ha experimentado sequías de intensidad y extensión sin precedentes, al tiempo que las lluvias extremas e inundaciones urbanas se vuelven cada vez más frecuentes. Estos extremos reflejan la creciente variabilidad del ciclo hidrológico provocada por el cambio climático.

Sin embargo, la señal más preocupante no es física, sino institucional. Durante décadas hemos acumulado diagnósticos, estudios, programas y proyectos. Conocemos las regiones más vulnerables, los acuíferos sobreexplotados, las principales fuentes de contaminación y los riesgos asociados con el cambio climático. Aun así, los problemas persisten.

Esto sugiere que la escasez de información no es la principal limitante. El desafío se encuentra en la capacidad de las instituciones y de los distintos actores para transformar el conocimiento disponible en decisiones coordinadas y sostenibles.

Gobernanza: el eslabón clave de la seguridad hídrica

La agricultura utiliza un La mayoría de los problemas hídricos contemporáneos tienen una característica común: son problemas de acción colectiva.

La sobreexplotación de un acuífero no es consecuencia de una única decisión equivocada. Es el resultado acumulado de miles de decisiones individuales tomadas por agricultores, industrias, ciudades y autoridades a lo largo del tiempo. De manera similar, las inundaciones urbanas no son solo consecuencia de lluvias intensas; también reflejan decisiones relacionadas con el crecimiento urbano, la ocupación de zonas inundables, la pérdida de áreas de infiltración y la falta de coordinación institucional.

Por ello, la solución no puede depender en exclusiva de infraestructura o tecnología. Requiere gobernanza.

La gobernanza del agua puede entenderse como el conjunto de reglas, procesos y mecanismos mediante los cuales los distintos actores toman decisiones sobre el uso, conservación y distribución del recurso hídrico. Implica coordinación entre órdenes de gobierno, participación social, transparencia, acceso a la información y construcción de acuerdos.

No es casualidad que el Objetivo 1 del Programa Nacional Hídrico 2026-2030 sea precisamente fortalecer la gobernanza del agua. El propio documento reconoce la importancia de la transparencia, la coordinación institucional y la participación social como elementos indispensables para mejorar la gestión del recurso.

Esta visión también se refleja en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que plantea la necesidad de construir una agenda compartida entre gobiernos, usuarios, academia y sociedad civil para enfrentar el estrés hídrico nacional.

La experiencia internacional muestra que los avances más importantes en materia de seguridad hídrica no ocurren de manera necesaria en los territorios con mayor disponibilidad de agua, sino en aquellos que han logrado desarrollar instituciones capaces de construir acuerdos de largo plazo.

La verdadera diferencia entre una crisis temporal y una bancarrota permanente suele encontrarse precisamente en la capacidad de una sociedad para gobernar sus recursos comunes.

Aguas Firmes: de la teoría de la gobernanza a la construcción de soluciones

Si la bancarrota hídrica es, en gran medida, el resultado de una crisis de gobernanza, entonces fortalecer a esta última se convierte en una forma de prevención.

Bajo esta premisa se desarrolló un pilar del proyecto Aguas Firmes, una iniciativa de colaboración público-privada cofinanciada por la cooperación alemana, a través de GIZ, Grupo Modelo y Coca Cola de México, en tres territorios estratégicos: los acuíferos de Apan en Hidalgo, Calera en Zacatecas y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El proyecto partió de una metodología común basada en los Principios de Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se desarrollaron diagnósticos territoriales, análisis institucionales, mapeos de actores, evaluación de escenarios y la construcción de planes de acción específicos para cada región.

En Hidalgo, el trabajo contribuyó a la instalación del Consejo Técnico para la Sustentabilidad Hídrica del Estado, concebido como una instancia de coordinación para impulsar la implementación del Programa Estatal Hídrico 2040. Asimismo, se conformó el Grupo de Trabajo para la Sustentabilidad del Acuífero de Apan-Tecocomulco y se desarrolló el Observatorio del Programa Estatal Hídrico como herramienta de seguimiento, monitoreo y transparencia.

En Zacatecas, donde la presión sobre el acuífero está vinculada de forma estrecha con la actividad agrícola, se impulsó la articulación con el Sector Coordinado Agropecuario y la construcción del Programa Hidroagrícola del Acuífero Calera, orientado a vincular productividad y sustentabilidad hídrica.

En la Zona Metropolitana del Valle de México se realizó un diagnóstico de gobernanza, un mapeo de iniciativas existentes y el diseño de mecanismos de vinculación con el Consejo Consultivo del Agua (CCA), así como la propuesta de un grupo especializado de trabajo.

Pero más allá de los productos generados, el principal resultado fue demostrar que la gobernanza puede construirse. Se consolidaron espacios de diálogo donde antes existían relaciones fragmentadas; se generaron diagnósticos compartidos; se identificaron intereses, conflictos y oportunidades; y se sentaron bases para mecanismos permanentes de coordinación.

La principal lección es que la gobernanza no constituye un ejercicio burocrático. Es una inversión en capacidades institucionales que permite transformar información en acuerdos y acuerdos en acciones.

Conclusión: antes de que el deterioro sea irreversible

La advertencia planteada por la Universidad de las Naciones Unidas debe entenderse como una oportunidad para replantear la manera en que concebimos la gestión del agua. La bancarrota hídrica no es un destino inevitable, pero sí una posibilidad real cuando una sociedad consume de manera sistemática más recursos de los que es capaz de regenerar.

México enfrenta señales que no deben ignorarse: acuíferos sin disponibilidad, cuerpos de agua contaminados, fenómenos hidrometeorológicos cada vez más extremos y una creciente presión sobre los recursos hídricos. Sin embargo, también existen motivos para pensar de modo positivo.

Las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales, la expedición de la Ley General de Aguas, la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, y la publicación del Programa Nacional Hídrico 2026-2030 muestran que el país ha comenzado a construir una ruta de respuesta. El diagnóstico existe. Los objetivos están planteados. Las líneas de acción han sido definidas.

El desafío ahora es otro: construir las capacidades necesarias para hacer realidad esa visión.

La experiencia demuestra que las crisis hídricas rara vez se originan por la falta de diagnósticos. Surgen, con frecuencia, por la ausencia de capacidades institucionales, técnicas, financieras y sociales para implementar las soluciones disponibles. La brecha más importante no es la que existe entre el problema y la solución, sino entre la planeación y la ejecución.

Por ello, fortalecer a los agricultores y organismos operadores, consolidar mecanismos de gobernanza, mejorar los sistemas de información, desarrollar capacidades técnicas y promover una participación social efectiva serán tareas tan importantes como la construcción de nueva infraestructura.

La bancarrota hídrica no comienza cuando se acaba el agua. Inicia cuando una sociedad pierde la capacidad de ponerse de acuerdo para cuidarla. Evitarla dependerá menos de la cantidad de lluvia que reciba el país y más de nuestra capacidad colectiva para construir instituciones capaces de transformar diagnósticos en resultados y conflictos en acuerdos duraderos.