Cara y contra cara de la gestión del agua

Naciones Unidas ha definido a la bancarrota hídrica como aquel momento en el que los sistemas naturales pierden su capacidad de reponer sus reservas de agua dulce con la misma velocidad con las que estas se extraen. El 75% de la población mundial, unos 6 000 millones de personas, vive actualmente en países con inseguridad hídrica y cerca de 4 000 millones sufren escasez severa al menos un mes al año.

Por otra parte, la Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés) ha definido a la seguridad hídrica como la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con ella (Grey & Sadoff, 2007; Sadoff & Muller, 2010).

Ambas definiciones conviven, mientras la bancarrota hídrica representa, al menos en parte, la realidad actual; la seguridad hídrica constituye una aspiración social en gran medida aún incumplida. Frente a esta situación surge de inmediato la pregunta sobre cuál es el problema. Si bien se reconoce la existencia de una aspiración global que tiene como objetivo alcanzar la seguridad hídrica, se observa que las demandas superan de forma amplia la oferta, lo cual provoca una situación del agua en gran parte del planeta que ha llegado a un punto de no retorno.

Cara y seca de una misma realidad: los datos

La gestión integrada de los recursos hídricos nos recuerda que el agua es un elemento único, finito y vulnerable. En otras palabras, la cantidad de agua en el planeta es aproximadamente la misma desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, el consumo de agua se ha incrementado de manera drástica en los últimos cien años. En efecto, en este periodo el consumo de agua se multiplicó por seis, el doble del crecimiento demográfico. Este incremento exponencial se debe sobre todo a la expansión de la agricultura, el desarrollo industrial, y cambios sustantivos en los estilos de vida y formas de consumo de la población (Worldometer, 2026).

La figura 1 muestra el crecimiento exponencial del consumo de agua en el mundo a lo largo del siglo XX y comienzos del actual.

Al aumento descontrolado del consumo se suma una muy irregular distribución, que marca la diferencia entre países ricos, cuyos consumos multiplican por más de cien veces el de los países pobres, como puede observarse en la figura 2.

La contra cara: crisis de la gobernanza del agua

Una oferta constante y una demanda en permanente crecimiento con una distribución asimétrica e injusta configuran un estado de cosas en el que la bancarrota hídrica es una consecuencia inevitable, solo se trataba de una cuestión de tiempo. Pero de qué modo esta realidad que hoy denuncia la ONU (Naciones Unidas, 2026) se contrapone con la seguridad hídrica y al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua limpia y saneamiento. En efecto, mientras el mundo aspira a cumplir con la Agenda Global 2030, los organismos internacionales denuncian la imposibilidad de hacerlo. La realidad es incontrastable, pero las causas son múltiples y complejas. Escapa a los fines de este trabajo el análisis de todas y cada una de ellas, pero sí pretende discutir cómo la bancarrota hídrica es el reflejo de la imposibilidad de alcanzar la seguridad hídrica, imposibilidad que pone en evidencia la crisis de gobernanza que afrontan los países y la ausencia de una hidrosolidaridad¹ tanto entre los usuarios del agua como entre los países que no asumen sus responsabilidades en las consecuencias globales de sus decisiones.

De acuerdo con Kooiman et al. (2008), la gobernanza rescata el rol prominente del mercado y la sociedad civil en su construcción y la relaciones que vinculan al sistema gobernante y el sistema gobernado. De este modo, el logro de la seguridad hídrica depende estrictamente de poder alcanzar una gobernanza efectiva del agua, donde Estado, mercado y sociedad civil cumplan con los papeles que les son asignados, y actúen de manera responsable y empoderada para alcanzar el equilibrio necesario entre desarrollo económico, equidad social y sostenibilidad ambiental.

La gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) brinda las herramientas para alcanzar este fin mediante marcos normativos adecuados, funciones y responsabilidades institucionales claros, e instrumentos de gestión que permitan implementar sus paradigmas y principios. En el plano de las ideas existe este marco conceptual, pero su proceso de implementación plantea múltiples y variadas dificultades vinculadas, fundamentalmente, con las luchas de poder entre los distintos actores involucrados; los conflictos que resultan de los intereses sectoriales, y cierto grado de indiferencia y falta de participación de la sociedad civil que, en alguna medida, son una consecuencia de la debilidad institucional y de las disputas antes mencionadas.

La cara de la moneda: implementación la GIRH

Mucho se ha dicho sobre las dificultades de la implementación de la GIRH (Shah, 2016), lo cual pone en evidencia que las aspiraciones de ello y sus marcos preconcebidos desde los países centrales enfrentan grandes dificultades a la hora de implementarse en los países pobres con necesidades de desarrollo de infraestructura gris. La GIRH no puede ser de talle único, requiere de adaptaciones y ajustes propios de las realidades de cada país. Se considera que la medida de la adecuación que cada nación debe tener en el proceso de implementación de la GIRH debería depender del grado de desarrollo que ha alcanzado. En consecuencia, la infraestructura gris es más prioritaria en países pobres que en aquellos que, ya desarrollados, pueden destinar sus inversiones al monitoreo y conservación de sus recursos naturales.

Las dificultades de implementación antes señaladas no pretenden negar a la GIRH como instrumento para el logro del ODS 6 y la seguridad hídrica, que solo han de ser posibles si el desarrollo económico encuentra un equilibrio con la justicia social en la decisión de satisfacer necesidades básicas de los países más pobres; esto demanda un ajuste más severo de los programas de desarrollo y consumo de los países ricos. La falta de adhesión de algunos países centrales a los protocolos que intentan mitigar los efectos del cambio climático y limitar el desarrollo insostenible en términos de consumo de agua y energía muestra una realidad a contrapelo de este planteo. Una solución a esta situación requiere, entre otras cosas, que los organismos internacionales recuperen el protagonismo que han perdido en la actualidad.

La moneda está en el aire: la transformación

En un sistema democrático y capitalista, las aspiraciones sociales guían las decisiones de los gobernantes, como dice el politólogo Anthony Downs (Díaz, 2016), el objetivo fundamental de los partidos y actores políticos es ganar elecciones para controlar el aparato de gobierno. Sobre esa premisa estableció su teoría clásica basada en que los políticos formulan políticas públicas y estrategias para ganar elecciones, en lugar de ganar elecciones para implementar políticas. Frente a esta idea surge de inmediato la pregunta acerca de cuál es la responsabilidad de la sociedad en su conjunto respecto de la crisis de gobernanza que hoy afecta la gestión del agua.

La participación de la sociedad civil en el diseño y desarrollo de políticas públicas ambientales resulta una condición necesaria para contribuir de manera efectiva al logro de la seguridad hídrica. Sin embargo, para que esta participación no sea nominal o declarativa y pueda, verdaderamente, aportar a la construcción de políticas in vivo es preciso que sea informada. Esta condición de base pone en escena el problema referido a la interrelación que se establece entre un desconocimiento general y un cierto grado de desinterés que las poblaciones suelen tener acerca de las potencialidades y afectaciones del agua en sus territorios. Frente a tal situación, la respuesta se centra en ofrecer espacios que promuevan una mayor y mejor integración entre Estado y sociedad, en donde el saber técnico y el saber popular convivan y dialoguen dentro de un cuerpo de conocimiento que involucre a todos los actores.

La integración del saber técnico y el saber popular otorga, entre otras cosas, capacidades para el entendimiento de un entorno cambiante, y el reconocimiento de los distintos tipos y grados de responsabilidad de sus pobladores tanto en su situación actual como en su realidad futura, al mismo tiempo que colabora en sus procesos identitarios en relación con el territorio que habitan.

La transformación colectiva de los patrones de conducta en lo que concierne al cuidado y preservación del agua provoca un cambio cultural que incide directamente en la mejora y efectividad de su gobernanza, hecho que propicia la implementación de la GIRH en clave local. De este modo, se genera una retroalimentación positiva entre gobernanza y culturas del agua, que incrementa las posibilidades de alcanzar la seguridad hídrica o, al menos, prevenir su bancarrota.