Bancarrota hídrica como riesgo
para el desarrollo de México

La nueva dimensión de la crisis hídrica

Durante décadas, la discusión sobre el agua en México se concentró en ampliar la cobertura de los servicios, construir infraestructura y garantizar el abastecimiento para una población en constante crecimiento. Sin embargo, los desafíos actuales han superado ampliamente ese enfoque. La combinación de sobreexplotación de acuíferos, degradación ambiental, expansión urbana, crecimiento industrial y cambio climático ha transformado al agua en una variable estratégica para la estabilidad económica del país.

En este contexto, resulta pertinente introducir el concepto de bancarrota hídrica. Al igual que una empresa entra en insolvencia cuando consume activos a una velocidad superior a su capacidad de reposición, una nación se aproxima a la bancarrota hídrica cuando extrae, contamina o degrada sus recursos de agua dulce con más rapidez de lo que puede recuperarlos. El problema no radica solo en la escasez física del recurso, sino en la pérdida progresiva de la capacidad para sostener el desarrollo económico, garantizar el bienestar de la población y mantener la resiliencia frente a eventos extremos.

La relevancia de esta discusión trasciende a la esfera ambiental. El Banco Mundial ha advertido que la escasez de agua agravada por el cambio climático podría reducir hasta en 6% el producto interno bruto de algunas regiones del mundo hacia mediados de siglo (Banco Mundial, 2016) debido a sus efectos sobre la agricultura, la salud, los ingresos y la productividad. Asimismo, ha señalado que la gestión del agua será un factor determinante para el desarrollo económico en las próximas décadas (Banco Mundial, 2023). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la seguridad hídrica constituye una condición fundamental para la competitividad e inversión en las economías contemporáneas (OCDE, 2013).

México enfrenta condiciones particularmente complejas. La distribución territorial del agua no coincide con la distribución de la población ni con la localización de las principales actividades productivas. Mientras las regiones centro y norte concentran cerca de tres cuartas partes de la población y generan la mayor parte del producto interno bruto nacional, la disponibilidad natural de agua se concentra sobre todo en el sur y sureste del país. Esta asimetría estructural ha obligado a depender cada vez más de acuíferos sobreexplotados, sistemas de trasvase y obras hidráulicas de gran escala, cuya sostenibilidad es cada vez más cuestionada.

La crisis experimentada por el Sistema Cutzamala durante 2024 evidenció esta vulnerabilidad. Los niveles de almacenamiento descendieron a mínimos históricos, lo que generó preocupación por el abastecimiento de millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (Conagua, 2024b). Aunque las lluvias posteriores permitieron una recuperación parcial, el episodio demostró que la disponibilidad de agua ya no puede asumirse como una condición garantizada para el funcionamiento de las principales concentraciones urbanas del país.

México enfrenta un reto creciente de bancarrota hídrica, cuya principal implicación no es solo la escasez de agua, sino la posibilidad de convertirse en un riesgo sistémico para la economía nacional. La reducción de la disponibilidad hídrica pone en riesgo la producción agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo urbano, la generación de energía, la estabilidad social y la atracción de inversiones. En consecuencia, la seguridad hídrica debe reconocerse no solo como un objetivo ambiental, sino como una condición indispensable para la competitividad y el desarrollo económico del país.

México no enfrenta una crisis de agua; enfrenta una crisis de balance hídrico.

Los indicadores nacionales muestran con claridad la magnitud del desafío. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 114 se encontraban en condición de sobreexplotación en 2023 (Conagua, 2024a). Más preocupante aún, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que 275 acuíferos presentan déficit hídrico (ASF, 2023), lo que equivale a más de 4 de cada 10 cuerpos de agua subterránea del país. Entre 2013 y 2022, la disponibilidad media anual de los acuíferos disminuyó 20.2% (Conagua, 2024b), lo cual refleja el deterioro progresivo de una de las principales reservas estratégicas para el abastecimiento urbano, agrícola e industrial.

La sobreexplotación ocurre cuando el volumen de extracción supera de forma sistemática la capacidad natural de recarga. El resultado inevitable es el agotamiento progresivo de las reservas de agua y un aumento sostenido de los costos futuros de abastecimiento.

La presión sobre los recursos hídricos se intensifica por la propia geografía del desarrollo mexicano. Más del 75% de la población habita en regiones áridas o semiáridas, donde se dispone de una proporción significativamente menor del agua renovable nacional. En contraste, las regiones con mayor disponibilidad hídrica concentran una menor proporción de la actividad económica y de la población.

A este desequilibrio estructural se suma el cambio climático. El incremento de las temperaturas modifica los patrones de precipitación, acelera la evaporación y aumenta la frecuencia de eventos extremos. Las sequías que antes se consideraban como extraordinarias, comienzan a convertirse en fenómenos recurrentes, que reducen los márgenes de maniobra de los sistemas de abastecimiento.

Los datos son claros. México está utilizando una parte creciente de su patrimonio hídrico para sostener las demandas actuales. La pregunta ya no es si este modelo es sostenible, sino cuánto tiempo podrá mantenerse antes de que sus costos económicos se vuelvan insostenibles.

El costo económico de la inseguridad hídrica

La disponibilidad de agua constituye uno de los factores más determinantes para la actividad económica. Sin embargo, con frecuencia sus implicaciones permanecen invisibles hasta que las restricciones comienzan a afectar la producción y el crecimiento.

La agricultura utiliza un 76% del volumen de agua concesionado en el país (Conagua, 2024a). Este sector enfrenta una doble vulnerabilidad: por un lado, depende de condiciones climáticas cada vez más inciertas; por el otro, una parte importante de la infraestructura de riego opera con eficiencias inferiores a las requeridas para enfrentar un escenario de creciente escasez.

Las pérdidas de productividad asociadas con la falta de agua tienen repercusiones que trascienden al sector agrícola. Menores rendimientos implican mayores costos de producción, presiones sobre los precios de los alimentos y afectaciones a la seguridad alimentaria nacional. La disponibilidad de agua se convierte así en una variable con efectos directos sobre la inflación y el bienestar de los hogares.

La industria enfrenta desafíos similares. Sectores estratégicos como el automotriz, electrónico, químico, farmacéutico, energético y alimentario dependen de un suministro continuo y confiable para mantener sus operaciones. En consecuencia, el riesgo hídrico comienza a incorporarse dentro de las decisiones corporativas relacionadas con inversión, expansión y localización de nuevas plantas productivas.

La paradoja mexicana es evidente. Las regiones con mayor potencial para captar inversiones asociadas con el nearshoring coinciden con algunas de las zonas de mayor estrés hídrico del país. En consecuencia, la seguridad hídrica se está convirtiendo en un componente de la competitividad territorial y en un factor determinante para la atracción de inversión de largo plazo.

Las ciudades tampoco son inmunes. Las interrupciones en el suministro generan costos económicos directos para hogares, comercios e industrias. La necesidad de recurrir a almacenamiento privado, perforación de pozos o abastecimiento mediante pipas incrementa de modo significativo los costos asociados con el acceso al agua.

Cuando el agua se convierte en un riesgo sistémico

Tradicionalmente, los problemas relacionados con el agua se analizaban como desafíos sectoriales. Hoy resulta evidente que esta aproximación es insuficiente.

Un riesgo sistémico se caracteriza por su capacidad para propagarse entre sectores y generar impactos en cadena sobre diferentes componentes de una economía. La crisis hídrica cumple con claridad esta definición.

La reducción de la disponibilidad de agua afecta la producción agrícola, lo que puede traducirse en mayores precios de los alimentos. El incremento de precios impacta la inflación y reduce el poder adquisitivo de los hogares. Simultáneamente, la disminución de la disponibilidad hídrica puede afectar la generación de energía, incrementar costos operativos para las industrias y limitar nuevas inversiones.

Los efectos también pueden manifestarse en forma de conflictos sociales, desplazamientos poblacionales y mayores presiones sobre las finanzas públicas. Los gobiernos deben destinar cada vez más recursos para atender emergencias, desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento o rehabilitar infraestructura.

En otras palabras, la crisis hídrica ya no es un problema del sector del agua. Es un desafío transversal que afecta la estabilidad económica y social, la competitividad, la seguridad alimentaria y la resiliencia nacional.

La deuda hídrica acumulada

Uno de los aspectos menos visibles de la crisis actual es la acumulación de una deuda hídrica que se ha construido de forma silenciosa durante décadas.

Cada acuífero sobreexplotado, cada ecosistema degradado y cada inversión postergada representan pasivos que eventualmente deberán pagarse mediante mayores costos de abastecimiento, menor productividad y una creciente vulnerabilidad frente a los eventos climáticos extremos, cada vez más presentes y tangibles.

Gran parte de la infraestructura hidráulica nacional se diseñó bajo condiciones hidrológicas y demográficas muy diferentes a las actuales. Las pérdidas físicas en numerosas redes de distribución representan un desperdicio significativo de agua, energía y recursos financieros.

Al mismo tiempo, la degradación de bosques, humedales y zonas de recarga ha reducido la capacidad natural del territorio para infiltrar, almacenar y regular los flujos hídricos. Se trata de una pérdida de infraestructura natural que rara vez se contabiliza en términos económicos, pero cuyos efectos son cada vez más evidentes.

La deuda hídrica también es institucional. La fragmentación de competencias, las limitaciones financieras de numerosos organismos operadores y la dificultad para implementar una gestión integrada de los recursos hídricos reducen la capacidad de respuesta frente a desafíos crecientes.

La deuda hídrica también es institucional. La fragmentación de competencias, las limitaciones financieras de numerosos organismos operadores y la dificultad para implementar una gestión integrada de los recursos hídricos reducen la capacidad de respuesta frente a desafíos crecientes.

En términos económicos, México ha estado utilizando parte de su capital hídrico acumulado para sostener el desarrollo presente. Ninguna economía puede mantener de forma indefinida esa dinámica sin enfrentar consecuencias estructurales.

Evitar la bancarrota hídrica

La buena noticia es que la bancarrota hídrica no es un destino inevitable.

La primera prioridad consiste en reconocer la seguridad hídrica como un objetivo estratégico de desarrollo nacional. Esto implica incorporar la variable agua en las decisiones relacionadas con política pública, desarrollo industrial, ordenamiento territorial, planeación urbana y adaptación al cambio climático. Todo ello en total alineación a garantizar el derecho humano al agua establecido en nuestra Constitución.

La segunda prioridad es incrementar la eficiencia en todos los usos del agua. La modernización de sistemas de riego, la reducción de pérdidas en redes urbanas, el reúso de aguas residuales tratadas y la digitalización de los sistemas de monitoreo representan oportunidades significativas para reducir la presión sobre las fuentes disponibles.

La tercera prioridad consiste en fortalecer la infraestructura natural. La conservación y restauración de bosques, humedales y zonas de recarga deben entenderse como inversiones en resiliencia económica y no solo como acciones de protección ambiental.

Finalmente, será indispensable fortalecer los mecanismos de gobernanza y financiamiento. La magnitud de los desafíos exige coordinación entre gobiernos, sector privado, academia, organismos internacionales y sociedad civil.

La seguridad hídrica debe dejar de concebirse como una responsabilidad exclusiva del sector agua para convertirse en una prioridad transversal del desarrollo nacional.

La seguridad hídrica como condición para el desarrollo

Durante décadas, el agua fue considerada una condición garantizada para el desarrollo. Hoy sabemos que no lo es. Las economías más competitivas del siglo XXI serán aquellas capaces de proteger sus fuentes de abastecimiento, invertir en resiliencia y gestionar el agua como un activo estratégico para el crecimiento.

La verdadera bancarrota hídrica no ocurre cuando una presa alcanza niveles críticos o cuando una ciudad enfrenta restricciones temporales en el suministro. Ocurre cuando una sociedad consume su capital hídrico más rápido de lo que puede regenerarlo. Ocurre cuando la sobreexplotación de acuíferos sustituye a la planeación de largo plazo. Ocurre cuando la degradación ambiental reduce la capacidad natural del territorio para sostener el desarrollo económico.

México aún dispone de una ventana de oportunidad para evitar ese escenario. Sin embargo, dicha ventana se estrecha conforme aumentan las presiones demográficas, económicas y climáticas sobre los recursos hídricos. La evidencia es clara: más de cien acuíferos se encuentran oficialmente sobreexplotados, la disponibilidad de agua subterránea continúa disminuyendo y amplias regiones del país enfrentan condiciones crecientes de estrés hídrico.

La pregunta ya no es si el agua condicionará el desarrollo económico de México. La pregunta es qué tan preparados estamos para gestionar ese riesgo antes de que la factura de la bancarrota hídrica se vuelva imposible de pagar. Porque, en última instancia, la seguridad hídrica no es solo una política ambiental, es una política de crecimiento económico, de competitividad y de estabilidad para las generaciones presentes y futuras.