El primer Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (UN-WWDR, por sus siglas en ingles), publicado en 2003 (WWAP, 2003), alertó que el mundo enfrentaba una profunda crisis hídrica, que afectaba de manera seria a las poblaciones humanas y ecosistemas. La crisis mundial del agua se presentó como uno de los desafíos más urgentes para la humanidad, teniendo en cuenta el papel vital del agua en nuestras sociedades, economías y ecosistemas. Este informe advirtió que la situación continuaría deteriorándose si no se adoptaban medidas decisivas. Destacó además que la crisis no se debía principalmente a la escasez física de agua, sino a una gobernanza y gestión del agua inadecuada, y a un uso insostenible de los recursos hídricos. Asimismo, señaló cómo los impactos más graves recaían sobre las poblaciones vulnerables y marginadas. Los informes siguientes reforzaron tal perspectiva, subrayando la importancia de una acción coordinada a distintos niveles y basada en la cooperación, y advirtieron que el cambio climático y otras presiones antrópicas estaban alterando el comportamiento de los sistemas hídricos, poniendo en cuestión los enfoques de planificación basados sobre todo en registros históricos. Este cambio se sintetizó en el debate sobre el fin de la estacionariedad, a partir de la formulación de Milly et al. (2008) entre otros, quienes señalaron que la estacionariedad ya no podía considerarse una premisa válida para la planificación y gestión del agua.

En las últimas décadas hemos asistido a una serie de cambios interrelacionados y sin precedentes históricos, que impactan de forma significativa a los recursos hídricos, incluyendo cambios demográficos, climáticos, tecnológicos, del uso del suelo, urbanización y deforestación. Estas transformaciones globales tienen una expresión clara en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el cambio climático está provocando que una mayor proporción de las precipitaciones en zonas montañosas caiga en forma de lluvia en lugar de nieve, reduciendo el espesor de los mantos de nieve y alterando los sistemas naturales de almacenamiento de agua (WWAP, 2025). Como consecuencia, se prevén ciclos hidrológicos cada vez más impredecibles, con mayor variabilidad en la disponibilidad de agua, mayor riesgo de inundaciones y sequías más severas. En América Latina, este fenómeno resulta particularmente evidente en la región andina, donde millones de personas dependen del deshielo cíclico para el abastecimiento de agua y la generación de energía (WWAP, 2025). La situación es bastante preocupante, con pérdidas de masa glaciar significativas y en aceleración en amplias zonas de la región andina, lo que compromete de manera creciente la provisión de agua, la estabilidad de los ecosistemas y la seguridad de las poblaciones aguas abajo (PHI-LAC, 2019).

Al mismo tiempo, el incremento de la demanda y la disminución de la disponibilidad de agua están generando riesgos significativos para la salud pública. Estos desafíos se ven agravados por el deterioro de la calidad del agua asociado con la contaminación, los cambios en el uso del suelo, los vertidos industriales, la escorrentía agrícola y otras actividades humanas. Incluso en países con recursos de agua dulce de relativa abundancia, el envejecimiento de las infraestructuras y la insuficiente inversión en los servicios hídricos constituyen una amenaza creciente para el acceso fiable al agua segura (Estévez-Valencia et al., 2019). En América Latina y el Caribe, dichas presiones se intensifican por la urbanización acelerada, la limitada infraestructura de saneamiento y la insuficiente inversión en servicios (Doria et al., 2021).

Con base en los UN-WWDR y en otros estudios, nuestros ilustres colegas de la Universidad de Naciones Unidas destacaron de manera reciente que la magnitud y naturaleza de la realidad hidrológica actual sobrepasa el concepto de crisis, llamando la atención sobre la “bancarrota hídrica global” (Madani, 2026). En su importante trabajo, esta bancarrota es presentada como una condición persistente, en la que el uso del agua supera de manera sistemática los límites de renovación y provoca daños irreversibles en los sistemas naturales que la sustentan. Más que enfrentar episodios transitorios de escasez o perturbaciones temporales, el mundo parece haber ingresado a una fase caracterizada por un desequilibrio estructural entre las demandas humanas y la capacidad de los sistemas hidrológicos para sostenerlas.

Sin embargo, considerado las escalas global y continental, comprendemos mejor las razones de la situación existente. En todos los continentes se utiliza solo una fracción relativamente pequeña de los recursos hídricos renovables: en regiones asiáticas, la extracción corresponde a cerca de un 20% (FAO & ONU- Agua, 2025); en Sudamérica apenas ronda un 2% (FAO, 2023). El agua existe en abundancia, en cantidades que superan nuestras necesidades, pero muchas veces se encuentra desfasada en espacio y tiempo, localizada a grandes distancias de donde se la requiere, almacenada muchos metros bajo la superficie o concentrada en breves periodos del año. Como se señaló en los primeros UN-WWDR, lo que nos hace falta en varias situaciones es invertir en una gobernanza y gestión del agua adecuada.

Hace una década que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Agenda 2030, el plan de acción global más extenso, integral y ambicioso jamás generado por la comunidad internacional, incluyendo un objetivo (el ODS 6) y ocho metas dedicadas a garantizar la gestión sostenible y el acceso universal al agua potable y saneamiento para 2030. En los años siguientes hubo logros sin precedentes: más de 950 millones de personas han obtenido acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, aumentando la cobertura mundial del 68 al 74%; el número de personas sin acceso a servicios básicos de agua potable disminuyó de 886 millones a 696 millones, y 141 millones de personas dejaron de depender de fuentes de agua superficial. Sin embargo, como se evidencia en el actual UN-WWDR 2026 (WWAP, 2026), las tendencias actuales siguen siendo insuficientes para alcanzar el ODS 6: unas 2 200 millones de personas siguen sin acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Miles de millones más enfrentan a condiciones de saneamiento inadecuadas, suministros de agua poco fiables y una creciente exposición a sequías, inundaciones y contaminación del agua. Millones de personas, en particular mujeres y niñas, continúan soportando la carga de la recolección de agua y el acceso limitado a servicios de saneamiento (WWAP, 2026).

Acelerar el progreso hacia la seguridad hídrica es la mejor opción, quizás la única opción razonable en un mundo cambiante. A su vez, esto requiere múltiples cambios: aumentar las capacidades personales y la educación hidrológica a todos los niveles; fortalecer instituciones; recuperar y desarrollar infraestructuras, incluso las basadas en hidrotecnologías ancestrales y en servicios ecosistémicos; garantizar marcos regulatorios y financiamientos adecuados; recuperar y proteger ecosistemas, e invertir en la ciencia, tecnología y desarrollo, entre otros. Reforzar estos pilares es esencial para ampliar la implementación de innovaciones relacionadas con el agua, mejorar la resiliencia frente a los riesgos climáticos y sanitarios, y garantizar una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos para las generaciones futuras. En este contexto, la cooperación regional y la diplomacia del agua, incluida la gestión de cuencas transfronterizas, resultan fundamentales no solo para la prevención de conflictos (WWAP, 2023), sino también para la construcción de sistemas de gobernanza más inclusivos, resilientes y capaces de no dejar a nadie atrás. La región es caracterizada por importantes aguas transfronterizas, incluyendo la cuenca del Amazonas, el sistema acuífero Guaraní y el lago Titicaca. En esta materia, los países de la región vienen liderando una serie de iniciativas pioneras de relevo, incluyendo, por ejemplo, el Acuerdo del Guaraní, y el desarrollo de protocolos de gestión y monitoreo colaborativos.

En el ámbito financiero, donde se origina este concepto, la declaración de bancarrota sirve por lo regular para proteger a los deudores de los acreedores, permitiendo una nueva vida económica. En el ámbito hidrológico, esta declaración debería tener un efecto inverso, invitando a una gestión diferente y con cambios significativos en la eficiencia hídrica. La adaptación óptima al cambio no implica solo reducir los riesgos, sino también aprovechar nuevas oportunidades (Doria et al., 2009). Necesitamos crear con urgencia una nueva cultura del agua. La Conferencia del Agua de la ONU 2026, los procesos en curso para la agenda global pos2030, y el mismo UN WWDR 2028 dedicado al lema “Agua para el futuro” son algunas de las oportunidades que tenemos para lograr los cambios que necesitamos para la seguridad hídrica.