¿Estamos en bancarrota hídrica?

Recientemente se ha empleado el concepto de bancarrota hídrica y es menester definir qué se entiende por ello y qué causa raíz da soporte para establecer esta aseveración. Bancarrota significa que las deudas superan los recursos disponibles y se es incapaz de cumplir con las obligaciones adquiridas.

Trasladada al ámbito del agua, la bancarrota hídrica no remite solo a la insuficiencia física del recurso, sino al reconocimiento de que el modelo mediante el cual las sociedades modernas han organizado su relación con el agua ha comenzado a mostrar signos de agotamiento.

No se trata simplemente de que el agua se esté agotando. Durante décadas confiamos en que la ingeniería, la tecnología y las instituciones podrían resolver la escasez y sostener el desarrollo sin reconocer de forma plena los límites ecológicos.

La bancarrota hídrica no implica de manera necesaria un colapso definitivo. Puede entenderse, más bien, como el reconocimiento de que un conjunto de reglas, instituciones y formas de pensar ha agotado su capacidad para seguir operando bajo las mismas premisas y requiere de una profunda reorganización.

La pregunta, entonces, es si existen evidencias suficientes para afirmar que este agotamiento de supuestos ha dado paso a un proceso de transición en nuestra relación con el agua.

¿Por qué se dice que hay un proceso de transición?

El diagnóstico del Programa Nacional Hídrico 2026-2030 (PNH) muestra un país sometido a múltiples presiones: sequías recurrentes, inundaciones más severas, acuíferos sobreexplotados, contaminación de cuerpos de agua, y rezagos persistentes en saneamiento y acceso al recurso.

Cada uno de estos fenómenos constituye, por sí mismo, un desafío de política pública. Sin embargo, cuando se presentan de manera simultánea y se potencian entre sí revelan algo más profundo: el agotamiento de un sistema cuya viabilidad descansó en la premisa de que el agua podría sostener de modo indefinido crecientes demandas sociales y económicas.

Desde esta perspectiva, la suma de problemas sectoriales permite identificar un patrón de fracturas que comprometen la viabilidad del sistema hídrico en su conjunto.

a) La fractura climática

Por su ubicación intertropical, nuestro país ha estado históricamente expuesto a ciclones tropicales, huracanes y sequías. Los ciclones continúan siendo fundamentales para la recarga de presas y lagos; sin embargo, los eventos extremos también provocan inundaciones y deslaves, con elevados costos humanos y económicos (Conagua, 2026).

Las sequías prolongadas, por su parte, se han convertido en una amenaza permanente. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, al 31 de mayo de 2025, el 40% del territorio nacional presentaba algún grado de sequía y el 9% registraba condiciones de sequía excepcional (Conagua, 2026).

De esta manera, la variabilidad hidrológica ha dejado de ser un episodio extraordinario para convertirse en una condición estructural del territorio.

b) La fractura territorial

La fractura territorial está asociada con el desacoplamiento entre la geografía del agua y la ocupación del territorio para el desarrollo económico. Mientras las regiones del centro y norte concentran el 77% de la población y generan el 82% del PIB, disponen solo del 32% del agua renovable; en contraste, el sur y sureste albergan el 23% de la población, producen el 18% del PIB y concentran el 68% de la disponibilidad hídrica (Conagua, 2026).

Esta asimetría evidencia que buena parte del crecimiento urbano, industrial y agrícola del país se ha construido sobre territorios con disponibilidad limitada, lo cual incrementa de forma progresiva la presión sobre cuencas y acuíferos.

Asimismo, un 70% del agua concesionada se destina a la agricultura. Si bien la producción de alimentos constituye una prioridad estratégica, ello obliga a replantear criterios de eficiencia, productividad del agua, reconversión tecnológica y sostenibilidad a largo plazo.

c) La fractura ecológica

Derivado de lo anterior, emerge la fractura ecológica. El Programa Nacional Hídrico (PNH) señala que 104 de las 757 cuencas hidrológicas del país presentan déficit de aguas superficiales; mientras que diversas regiones del centro, norte y noroeste registran condiciones críticas de presión sobre el recurso. En la Región Hidrológica Administrativa XIII Aguas del Valle de México, dicha presión alcanza el 128.7%, lo cual refleja una demanda que rebasa la disponibilidad renovable local (Conagua, 2026).

El 40% del volumen de agua concesionado para usos consuntivos proviene de fuentes subterráneas, pero en numerosos territorios la extracción supera la capacidad natural de recarga, que genera agotamiento de manantiales, deterioro de la calidad del agua, incremento de costos de extracción, y afectaciones crecientes a la infraestructura y los ecosistemas asociados.

Asimismo, la calidad del agua constituye otra expresión de estas fracturas. Entre 2012 y 2024, solo el 44% de los sitios monitoreados presentó condiciones excelentes o aceptables; el 26% se clasificó como contaminado, y el 30% como fuertemente contaminado. A ello se suma que, en 2024, el tratamiento municipal alcanzó apenas el 68% de las aguas residuales recolectadas (Conagua, 2026). Las brechas en materia de saneamiento siguen siendo un componente estructural de la crisis hídrica.

d) La fractura social

La bancarrota hídrica también posee un rostro social, inequitativo y de género. Las limitaciones en infraestructura y servicios afectan de manera diferenciada a distintos grupos de población.

En el ámbito rural, donde habitan 26.7 millones de personas distribuidas en más de 184 mil localidades, la dispersión territorial incrementa los costos de provisión de servicios básicos. Las mujeres y niñas realizan alrededor del 64% del tiempo destinado a la recolección y el almacenamiento del agua, mientras pueblos indígenas y comunidades afromexicanas enfrentan persistentes rezagos en el acceso equitativo al agua potable y saneamiento. (Conagua, 2026).

En última instancia, la bancarrota hídrica no expresa únicamente la acumulación de problemas; representa el agotamiento de una forma de concebir el agua como un insumo inagotable al servicio del crecimiento, ignorando los límites ecológicos y las tensiones sociales que hoy condicionan la viabilidad del desarrollo.

El agotamiento de las categorías con las que pensamos el agua

La bancarrota hídrica es también una bancarrota conceptual: categorías e instrumentos analíticos, como oferta, demanda y disponibilidad, siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes para comprender la complejidad de un mundo atravesado por la incertidumbre climática, la degradación ecológica y las crecientes tensiones distributivas.

La oferta obedece a una lógica de satisfacción de demandas crecientes, mientras que la disponibilidad suele reducir el agua a un volumen potencialmente utilizable, como si su sola existencia física garantizara su aprovechamiento.

En este sentido, la pregunta decisiva ya no es cuánta agua existe, sino cuánta agua puede sostener determinados modelos de desarrollo sin comprometer la resiliencia de los sistemas naturales que la generan y regulan.

Frente a las limitaciones de las categorías tradicionales, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ha comenzado a explorar una nueva aproximación conceptual basada en la noción de “agua socialmente efectiva para un desarrollo sostenible”. Este concepto busca trascender los balances convencionales para identificar aquella fracción del recurso que, considerando de modo simultáneo criterios de cantidad, calidad, accesibilidad, sostenibilidad ecológica y viabilidad técnica, puede destinarse al bienestar colectivo.

Esto representa un esquema de pensamiento más complejo y menos antropocéntrico. Supone, además, abandonar la idea de que la naturaleza constituye un simple reservorio de recursos, y reconocer que la seguridad hídrica depende de la integridad de los sistemas ecológicos que captan, almacenan, depuran y regulan el agua.

Al respecto, los avances en ciencia de datos e inteligencia artificial permitirán construir balances dinámicos, haciendo de la medición del agua un componente estratégico de la política hídrica del futuro.

La bancarrota hídrica deja de aludir al agotamiento físico del recurso para convertirse en una invitación a reconstruir las categorías con las que concebimos el desarrollo y sus límites ecológicos.

La nueva agenda hídrica: del conocimiento fragmentado a la inteligencia colectiva

La bancarrota hídrica no solo da cuenta del agotamiento de un paradigma extractivista ni de la insuficiencia de las categorías tradicionales con las que hemos gestionado el recurso; también pone de manifiesto los límites de las formas mediante las cuales hemos tomado decisiones sobre el agua.

Ciertamente, estamos frente a una bancarrota de la gobernanza. Los mecanismos tradicionales ―con frecuencia centralizados, sectoriales y organizados en compartimentos institucionales relativamente aislados― resultan cada vez menos aptos para enfrentar desafíos que desbordan fronteras administrativas, disciplinas científicas y horizontes temporales.

Gobernar el agua en el siglo XXI implica aprender a gestionar de manera colectiva la complejidad, articulando actores y territorios, y superando la fragmentación del conocimiento que ha limitado nuestra capacidad de respuesta.

Durante las últimas décadas, la agenda hídrica estuvo fuertemente influida por distintas comunidades epistémicas (Haas, 1992) y de política pública (Rhodes & Marsh, 1992), cada una portadora de marcos analíticos, lenguajes e instrumentos propios. Esta especialización produjo avances indiscutibles y permitió construir capacidades técnicas valiosas. Sin embargo, también favoreció visiones parciales que dificultaron comprender el carácter integrador del agua. De esta manera, puede afirmarse que la bancarrota hídrica es también resultado de la fragmentación del pensamiento.

Por otro lado, la incertidumbre climática y las crecientes tensiones sobre el agua exigen enfoques transdisciplinarios y una hidrodiplomacia capaz de construir acuerdos, tan estratégica como para lograr la movilización de infraestructura y recursos financieros.

Se requerirán especialistas capaces de facilitar el diálogo entre actores que operan en distintas escalas (local, estatal, nacional e internacional), y de traducir evidencia científica en instrumentos útiles para la negociación y la toma de decisiones.

Por ejemplo, en el caso de México, las aguas transfronterizas ocuparán un lugar cada vez más relevante dentro de esta nueva agenda. La cuenca del río Bravo continuará siendo un espacio recurrente de negociación bilateral con los Estados Unidos, en particular en un entorno caracterizado por sequías más severas y mayores presiones sobre el recurso, bajo condiciones de una persistente asimetría de poder entre ambos países.

La transición hacia un nuevo paradigma hídrico también requerirá inversiones sostenidas y mecanismos innovadores de financiamiento que permitan adaptarse al cambio climático, modernizar la infraestructura y fortalecer las capacidades institucionales.

La seguridad hídrica no puede construirse solo desde los gobiernos o la ciencia especializada. Requiere democratizar el conocimiento, e incorporar a la ciudadanía en la generación y el uso de la información.

La ciencia ciudadana, los sistemas comunitarios de monitoreo y la incorporación de saberes locales representan oportunidades valiosas para ampliar las capacidades colectivas de observación, vigilancia y gestión del recurso.

La inteligencia colectiva no sustituye al conocimiento experto, sino que lo complementa, lo enriquece y amplía la legitimidad social de las decisiones públicas.

A manera de conclusión

La nueva agenda hídrica exigirá mucho más que obras e innovaciones tecnológicas: demandará superar la fragmentación, fortalecer la cooperación y democratizar el conocimiento para construir una inteligencia colectiva capaz de gobernar la complejidad. El agua deberá dejar de concebirse como un factor de competencia para asumirse como un instrumento de cooperación, paz y estabilidad.

Ello requerirá también una nueva ética del agua: una ética fluvial que reconozca a ríos, acuíferos y ecosistemas como sistemas vivos de los que depende nuestra propia viabilidad; promueva relaciones más justas entre territorios y usuarios, y sustituya la lógica de apropiación ilimitada por una cultura del cuidado y el reconocimiento de los límites ecológicos.