Introducción

Comprender la naturaleza de la emergencia hídrica que enfrenta actualmente la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) constituye el primer paso para desarrollar un diagnóstico realista y, a partir de este, diseñar políticas públicas y estrategias de gobernanza acordes con la magnitud del problema. La forma en que se conceptualiza una problemática condiciona las soluciones que se proponen para atenderla. Por ello, resulta fundamental distinguir si la situación actual corresponde a un escenario de estrés hídrico, una crisis hídrica o una condición más profunda de bancarrota hídrica.

Esta afirmación implica, entre otros aspectos, que muchas regiones y comunidades consumen más agua de la que reciben de manera natural, lo cual agota de manera acelerada sus acuíferos y cuerpos de agua, y compromete sus reservas milenarias de agua depositadas en los glaciares; esto presenta un escenario de daños irreversibles o sumamente difíciles de recuperar.

De acuerdo con Madani (2026), el estrés hídrico se presenta cuando la demanda de agua se aproxima o supera la disponibilidad local del recurso; sin embargo, el sistema aún conserva la capacidad de responder mediante mecanismos de gestión, infraestructura o ajustes en el consumo sin comprometer de manera irreversible el funcionamiento de los ecosistemas que sustentan el ciclo hidrológico. En estas condiciones, aunque existen tensiones entre la oferta y la demanda, el sistema mantiene márgenes de adaptación.

Un nivel superior corresponde a la crisis hídrica, la cual se manifiesta cuando eventos extraordinarios, como sequías prolongadas, fallas en la infraestructura, fenómenos meteorológicos extremos o incrementos súbitos en la demanda, rebasan de forma temporal la capacidad de respuesta del sistema, que generan impactos severos sobre la población, economía y ambiente. A diferencia del estrés hídrico, la crisis posee una localización y temporalidad relativamente definidas, y suele resolverse una vez que desaparecen las condiciones que la originaron o cuando se implementan medidas de emergencia.

La situación experimentada de manera reciente por la ZMCM constituye un ejemplo ilustrativo de este tipo de fenómeno. Entre finales de 2023 y la primera mitad de 2024, los bajos niveles de almacenamiento registrados en el Sistema Cutzamala, asociados con una de las sequías más severas observadas en las últimas décadas, obligaron a reducir de modo significativo los volúmenes transferidos hacia la Ciudad de México y el Estado de México. Esta medida afectó el suministro de agua en diversas alcaldías y municipios que dependen de dicha fuente de abastecimiento. No obstante, la recuperación de los niveles de almacenamiento durante la temporada de lluvias de 2024 permitió restablecer gradualmente las condiciones operativas del sistema y evidenció que se trató de una crisis hídrica con una delimitación espacial y temporal claramente identificable.

Sin embargo, la superación de esta crisis no implica de manera necesaria la recuperación integral del sistema hídrico metropolitano. Por el contrario, la vulnerabilidad exhibida durante este episodio plantea una interrogante de mayor profundidad: ¿los problemas que enfrenta la ZMCM corresponden solo a eventos recurrentes de estrés o crisis hídrica, o existen evidencias de una condición estructural de bancarrota hídrica?

La respuesta a esta pregunta requiere analizar si la región presenta algunos de los rasgos que Madani identifica como característicos de la bancarrota hídrica, entre ellos la extracción persistente de agua por encima de la capacidad natural de renovación, la degradación de los ecosistemas que almacenan y regulan el recurso, la pérdida de resiliencia del sistema y la presencia de daños difícilmente reversibles. Desde esta perspectiva, fenómenos como la sobreexplotación histórica del acuífero de la Cuenca de México, los hundimientos diferenciales asociados con la extracción intensiva de agua subterránea, la pérdida de zonas de recarga, la creciente dependencia de fuentes externas de abastecimiento y la vulnerabilidad frente al cambio climático constituyen elementos que merecen ser examinados a la luz de este nuevo marco conceptual.

Del estrés hídrico a la bancarrota hídrica: evolución conceptual del problema

Si bien el concepto de bancarrota hídrica ha sido mencionado de manera ocasional desde finales del siglo XIX, no fue sino hasta fechas recientes cuando Madani (2026) propuso una definición formal del término dentro del ámbito de la gestión y gobernanza del agua. De acuerdo con este autor, la bancarrota hídrica constituye una condición crónica que se presenta cuando una sociedad utiliza más agua de la que los sistemas naturales pueden reponer de manera sostenible y, simultáneamente, provoca daños sobre los ecosistemas que almacenan, regulan y depuran el recurso, hasta el punto de comprometer su capacidad de recuperación.

A diferencia de conceptos como estrés hídrico o crisis hídrica, la bancarrota hídrica no se refiere solo a un déficit temporal entre oferta y demanda. Se trata de una condición estructural en la que los sistemas hídricos comienzan a perder de forma progresiva su resiliencia y capacidad de retornar a estados previos de equilibrio. En este sentido, la propuesta de Madani se sustenta en dos elementos fundamentales: la insolvencia hídrica, entendida como el uso persistente de agua por encima de su capacidad natural de renovación, y la irreversibilidad, asociada con la degradación de componentes ambientales cuyo restablecimiento resulta en extremo difícil o incluso imposible.

Bajo esta perspectiva, algunos de los principales signos asociados con una condición de bancarrota hídrica incluyen la sobreexplotación crónica de acuíferos; la disminución sostenida de los niveles freáticos; la pérdida de humedales y otros ecosistemas reguladores; la reducción de caudales superficiales; la intrusión salina en acuíferos costeros; el deterioro de la calidad del agua por contaminación; la pérdida de capacidad de almacenamiento natural; la creciente dependencia de fuentes externas de abastecimiento; el incremento de los costos energéticos relacionados con el suministro, y la aparición de daños difícilmente reversibles, como los procesos de subsidencia o hundimiento del terreno derivados de la extracción excesiva de agua subterránea.

Desde esta óptica, la bancarrota hídrica no constituye un evento aislado ni una emergencia temporal, sino la manifestación de un proceso acumulativo de deterioro ambiental, social e institucional, que refleja la incapacidad del sistema para sostener de forma indefinida los patrones históricos de extracción, consumo y gestión del agua.

Evidencias de insolvencia hídrica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Como señala Madani (2026), dos características fundamentales permiten identificar una condición de bancarrota hídrica: insolvencia hídrica e irreversibilidad. La primera se presenta cuando la extracción y el consumo de agua exceden de manera persistente la capacidad natural de renovación del sistema; mientras que la segunda se manifiesta cuando los daños ocasionados sobre los componentes que almacenan, regulan y suministran el recurso alcanzan niveles difíciles o imposibles de revertir.

En el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, diversos elementos permiten sostener la existencia de una condición de insolvencia hídrica. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2024), la Ciudad de México y su zona conurbada dependen fundamentalmente del agua subterránea para su abastecimiento, siendo el acuífero la principal fuente de suministro para millones de habitantes.

La magnitud de esta dependencia queda evidenciada en el hecho de que un 70% del agua que abastece a la metrópoli proviene de la explotación del acuífero, mediante una extracción cercana a los 50 m³/s. Este nivel de aprovechamiento no solo refleja la enorme presión ejercida sobre el recurso, sino también la creciente necesidad de recurrir a pozos cada vez más profundos para garantizar el suministro a la población. De hecho, dentro del acuífero existen captaciones que alcanzan profundidades de entre 100 y 400 metros, mientras que el sistema acuífero se extiende a más de 800 metros de profundidad.

A ello se suma un hecho particularmente revelador: la existencia de restricciones administrativas para la explotación del acuífero desde mediados del siglo pasado. La presencia de vedas decretadas desde 1954 constituye un reconocimiento institucional de larga data respecto a la presión ejercida sobre el recurso y a la necesidad de controlar su aprovechamiento.

En conjunto, estos elementos muestran un sistema hídrico cuyo funcionamiento depende de manera creciente de la extracción intensiva de agua subterránea para satisfacer las demandas urbanas, condición que resulta consistente con el concepto de insolvencia hídrica propuesto por Madani, en el cual las necesidades de consumo comienzan a superar la capacidad natural de reposición del sistema.

Evidencias de irreversibilidad en la Cuenca de México

El segundo criterio fundamental propuesto por Madani (2026) para identificar una condición de bancarrota hídrica es la irreversibilidad. Este concepto hace referencia a la pérdida de capacidad de recuperación de los sistemas hídricos como consecuencia de alteraciones que modifican de forma permanente sus características físicas y funcionales. Bajo esta perspectiva, no basta con que el sistema experimente una disminución temporal en la disponibilidad de agua; es necesario demostrar la existencia de daños que persistan aun cuando las condiciones climáticas mejoren o se reduzcan de modo temporal las presiones sobre el recurso.

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México existen diversos elementos que apuntan hacia este tipo de condición. De acuerdo con Conagua, la interacción entre los materiales arcillosos del antiguo sistema lacustre y las unidades acuíferas subyacentes ha quedado evidenciada a través de los procesos de subsidencia que afectan amplias zonas de la ciudad. Estos hundimientos están directamente asociados con la extracción intensiva de agua subterránea y constituyen una de las manifestaciones más visibles de la alteración estructural del sistema hidrogeológico.

Asimismo, el organismo señala que las extracciones históricas del acuífero han provocado modificaciones en el comportamiento hidráulico natural del sistema, incluyendo la inversión de gradientes hidráulicos y la inducción de flujos provenientes del acuitardo hacia las zonas de explotación. Tales procesos reflejan que el funcionamiento actual del acuífero difiere de forma significativa de sus condiciones naturales originales.

De particular relevancia resulta el hecho de que diversos estudios citados por Conagua han documentado procesos de consolidación de los sedimentos lacustres relacionados con la extracción de agua subterránea. Cuando estos materiales se compactan debido a la pérdida de presión hidráulica, disminuye el volumen de espacios porosos disponibles para almacenar agua. A diferencia de otros impactos ambientales que pueden revertirse mediante acciones de restauración, la compactación de los sedimentos presenta un carácter esencialmente permanente a escala humana, lo que reduce de forma duradera la capacidad de almacenamiento del sistema acuífero.

Esta situación adquiere especial relevancia al contrastarse con el concepto de crisis hídrica. Mientras que los bajos niveles observados recientemente en el Sistema Cutzamala pudieron recuperarse tras el restablecimiento de la temporada de lluvias, los procesos de subsidencia y compactación que afectan a la Cuenca de México continúan acumulándose a lo largo del tiempo y no desaparecen con la llegada de años más húmedos. Desde esta perspectiva, la pérdida progresiva de capacidad de almacenamiento del acuífero constituye una evidencia consistente con el criterio de irreversibilidad planteado por Madani para caracterizar una condición de bancarrota hídrica. A diferencia de otros sistemas, donde la recuperación de las precipitaciones permite restablecer las condiciones previas a la crisis, en la Cuenca de México parte del daño físico acumulado sobre el sistema acuífero permanece incluso después de que las condiciones meteorológicas regresan a la normalidad.

¿Crisis hídrica o bancarrota hídrica?

A la luz de los elementos analizados surge una pregunta inevitable: ¿la Zona Metropolitana de la Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica o una condición de bancarrota hídrica?

Desde una perspectiva tradicional, la respuesta parecería apuntar hacia una crisis hídrica. Los episodios recientes vinculados con la disminución de los niveles de almacenamiento del Sistema Cutzamala muestran que la región continúa siendo altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos y a periodos prolongados de sequía. Sin embargo, la recuperación observada durante la temporada de lluvias de 2024 permitió restablecer de forma parcial las condiciones operativas del sistema, evidenciando que dicho episodio presentó una localización, una temporalidad y una resolución relativamente definidas.

No obstante, los elementos examinados en este trabajo sugieren que la problemática hídrica de la ZMCM trasciende los límites de una crisis convencional. La dependencia estructural del agua subterránea, la extracción intensiva del acuífero, la necesidad de recurrir a fuentes externas de abastecimiento y, en particular, la existencia de procesos de subsidencia y compactación de sedimentos difícilmente reversibles, constituyen señales que coinciden con los criterios de insolvencia e irreversibilidad planteados por Madani (2026).

Bajo esta óptica, la crisis observada en el Sistema Cutzamala durante 2024 puede interpretarse como la manifestación visible de una condición más profunda. Las lluvias permitieron recuperar los niveles de almacenamiento de los embalses, pero no restauraron la capacidad original de almacenamiento del acuífero, no revirtieron los procesos de hundimiento diferencial ni eliminaron la dependencia estructural de fuentes externas de suministro. En otras palabras, la crisis fue temporal, mientras que varios de los factores que la hicieron posible permanecen activos.

Lo anterior no implica afirmar de manera categórica que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encuentre en una condición absoluta de bancarrota hídrica. Sin embargo, sí permite sostener que existen evidencias consistentes con los criterios propuestos por Madani y que justifican abrir una discusión más amplia sobre la pertinencia de este concepto para interpretar la situación hídrica de la metrópoli.

En este sentido, la principal contribución de la noción de bancarrota hídrica no radica solo en describir la gravedad del problema, sino en cuestionar si los marcos tradicionales de análisis, basados exclusivamente en la disponibilidad temporal del recurso, resultan suficientes para comprender procesos acumulativos de deterioro que pueden comprometer de manera permanente la funcionalidad futura de los sistemas hídricos.

Conclusiones

La creciente complejidad de los problemas asociados con el agua ha dado lugar a la incorporación de nuevos conceptos que buscan describir con mayor precisión la gravedad de los procesos que enfrentan numerosos sistemas hídricos alrededor del mundo. En este contexto surge la noción de bancarrota hídrica propuesta por Madani (2026), la cual constituye un intento por reconocer aquellas situaciones en las que los sistemas han rebasado su capacidad de recuperación y presentan daños estructurales que no pueden revertirse por completo mediante los mecanismos tradicionales de gestión.

A partir de los elementos analizados, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México presenta características consistentes con los criterios de insolvencia hídrica e irreversibilidad planteados por este autor. La dependencia histórica del agua subterránea, la presión sostenida sobre el acuífero y la alteración física del sistema hidrogeológico constituyen señales de un deterioro acumulado que trasciende la noción convencional de estrés hídrico y que difícilmente puede interpretarse solo como una sucesión de crisis temporales.

Sin embargo, reconocer la posibilidad de una condición de bancarrota hídrica no debe interpretarse como una invitación al fatalismo. Por el contrario, representa la oportunidad de replantear los objetivos de la gobernanza del agua desde una perspectiva más realista. La recuperación de los niveles de almacenamiento del acuífero o el incremento de las precipitaciones no revertirán los procesos históricos de subsidencia ni restaurarán completamente la capacidad original de almacenamiento de los sedimentos que conforman la cuenca. Los daños acumulados sobre edificios históricos, infraestructura urbana y ecosistemas asociados permanecerán como evidencia de las decisiones tomadas durante décadas.

No obstante, aceptar estas limitaciones permite orientar los esfuerzos hacia metas alcanzables. Más que perseguir el retorno a condiciones históricas que probablemente ya no puedan recuperarse, la gestión hídrica del futuro deberá enfocarse en reducir las presiones sobre el acuífero, proteger las zonas de recarga aún funcionales, fortalecer la resiliencia urbana, promover patrones de consumo compatibles con la disponibilidad real del recurso y desarrollar estrategias de adaptación que disminuyan la vulnerabilidad de la población frente a escenarios cada vez más inciertos.

Bajo esta perspectiva, el principal aporte del concepto de bancarrota hídrica no radica únicamente en describir el estado actual de un sistema, sino en obligarnos a reconocer los límites ecológicos sobre los cuales debe construirse la gobernanza del agua en el siglo XXI.